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¿Puedo recuperar mi dinero en caso de insolvencia de la promotora de mi vivienda?

Recuperar el dinero en caso de insolvencia de promotora de vivienda.

Muchas son las ocasiones en las que compradores de vivienda sobre plano se han encontrado con que su vivienda no se ha construido o no se ha entregado en el tiempo convenido tras haber realizado importantes desembolsos a modo de cantidades entregadas a cuenta del precio final de adquisición de la vivienda, con la desgracia de que el promotor no responde a sus llamadas, se halla inmerso en un concurso de acreedores, no obtiene la licencia de primera ocupación de las viviendas, etc.

La angustia que sienten estos compradores debe desaparecer con el antídoto de la información. Así los compradores de estas viviendas deben conocer que la Ley 57/68 de 27 de julio, protege su inversión con la obligación impuesta al promotor de constituir un seguro que cubra las vicisitudes indicadas, de tal modo, que en caso de no entrega de las viviendas o entrega tardía de las mismas, la aseguradora deberá necesariamente responder frente al comprador, sin que por parte de éste haya más obligación que la de probar unos hechos objetivos: entrega del dinero, plazo pactado de entrega, situación de la obra e incumplimiento de las obligaciones por la promotora.

La reclamación incluso irá por una vía más rápida que la habitual de los juicios declarativos, siendo posible interponer directamente la demanda por vía ejecutiva contra la aseguradora, de tal forma que en plazo corto de tiempo se podría contar con una resolución judicial que desde el mismo momento de su emisión habilitara para la recuperación de las cantidades entregadas y, además, de los intereses legales incrementados en un 50% desde la fecha de entrega de las cantidades y hasta el completo pago. Si ese plazo supera los dos años, el tipo de interés que tiene derecho a percibir el comprador es del 20% sobre las cantidades anticipadas a cuenta.

El plazo que haya pasado desde la firma del contrato sin haber recuperado las cantidades o haber interpuesto incluso la reclamación no es un obstáculo para interponerla actualmente, siempre que no se superen los 15 años desde la fecha pactada para la entrega. Es más, en ocasiones pueden llegar aquellas cantidades a rentar un tipo de interés que no hubieran obtenido los compradores en caso de haber realizado inversiones financieras con ese mismo dinero. Las posibilidades de cobro en estos casos son prácticamente totales puesto que las aseguradoras gozan de solvencia suficiente para atender el pago de las condenas, por lo que nunca hablaríamos de una resolución equivalente a un papel mojado.

De no existir un seguro contratado por parte del promotor, a pesar de la obligación legal que tiene de hacerlo, la responsabilidad derivaría hacia la entidad financiera en la que se depositaron las cantidades anticipadas de cada uno de los compradores de la promoción inmobiliaria, ya que el banco tiene para con los compradores una serie de responsabilidades por su deber de diligencia a la hora de atesorar unas cantidades que le son entregadas para un fin específico, y no para ningún otro.

Evidentemente, la promotora es responsable conjunto con la aseguradora o banco pero siempre resulta más interesante para los compradores dirigir la reclamación frente a entidades solventes que no pelearse en los juzgados con empresas de dudosa solvencia o inmersa en procedimientos concursales, de los que los compradores pueden huir yendo por la vía de la reclamación directa frente aseguradora o banco.

En resumen, no se ha de dejar pendiente una reclamación de este estilo con el pensamiento de perderse en batallas judiciales inútiles o pensando en que se ha pasado mi tiempo para reclamar, interesa al contrario, hacer valer los derechos de cada uno de los compradores para recuperar el dinero de cada uno de ellos con importantes penalizaciones para los incumplidores. Ni siquiera el coste de los honorarios de abogado y procurador pueden ser un obstáculo para reclamar teniendo en cuenta que también estos serán recuperables dentro del procedimiento judicial que nos reconozca el derecho de cobro.

La doctrina del Tribunal Supremo ya ha dejado remarcado que para que el comprador se vea resarcido en cuanto a la devolución de las cantidades entregadas a la promotora no resulta necesario haber obtenido previamente la resolución del contrato sino que la obligación de restituir las cantidades por parte de la aseguradora se constituye como una obligación autónoma e independiente del vínculo contractual creado entre cliente y promotora.

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